Fronteras invisibles: cruzar líneas imaginarias es ilegal

Por: Diego Álvarez Delgado y Felipe Ochoa Mogrovejo

En septiembre de 2017 una reportera venezolana, a través de una entrevista informal, llamó a los ecuatorianos (hombres) “feos” e “indios”. La aseveración desató la furia nacionalista de algunos ecuatorianos y, cuales defensores titánicos de su “orgullo”, vociferaron atrocidades xenófobas en redes sociales que motivaron incluso movilizaciones y discursos de odio. Más allá de las connotaciones que esas palabras puedan tener (usos del lenguaje y manipulación mediática), el debate de las migraciones a Ecuador retomó la arena pública. Sin embargo, la pregunta en cuestión es si realmente las poblaciones de alrededor del mundo conocemos a ciencia cierta qué significa la movilidad humana y las construcciones conceptuales dispersas que se enmarcan dentro de ella: refugio, migrante, emigrante, asilo, etc.

Dentro de este paraguas se encuentra el refugio y, por ende, las personas bajo esta condición. En 2015, la fotografía de un niño kurdo que amaneció muerto en las playas de Turquía se viralizó rápidamente a través de las redes y medios de comunicación, conmocionando a más de uno alrededor del mundo. Dos años después, las cifras arrojadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) continuaban en aumento hasta superar el récord de 22,5 millones de personas en ese estatus, solo en Europa siendo más de un millón de personas. Si bien los números son alarmantes, los problemas de fondo recaen en tres consideraciones: la teoría y estandarización conceptual, la gobernanza global débil y los Tratados Internacionales ineficaces y caducos.

La doctrina que conceptualiza la movilidad humana propone diversas definiciones sobre cada condición que surge de este fenómeno. Sin embargo, lo medular radica en la imposibilidad de los estados para homologar estos conceptos, lo que se agrava con un sistema internacional incapaz de generar procesos vinculantes. Es decir, los 193 países en el mundo pueden, por ejemplo, definir el concepto de refugio de manera distinta y pedir requisitos diferentes según la jurisdicción nacional para que una persona extranjera adquiera en su país dicha condición.

El sistema de Naciones Unidas (y por ende el ACNUR) define a un refugiado/a como una persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él.

Esta definición ha sido acogida por algunos países de la comunidad internacional, como Ecuador. En febrero de 2017, Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Movilidad Humana, considerada una de las iniciativas más importantes en esta materia implementadas por un estado miembro de las Naciones Unidas. Este tipo de acciones constituyen un progreso significativo, pues al contar con una definición clara de las personas migrantes en situaciones de vulnerabilidad, cualquiera que fuere su condición, las instituciones internas tienen la capacidad y obligación de cumplir con sus derechos establecidos a través de la costumbre y de los órganos internacionales.

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Photo credit: United Nations Photo on Visualhunt / CC BY-NC-ND

En este sentido, el problema se vuelve evidente cuando otras naciones consideran a una persona refugiada de manera distinta, negándoles el ingreso a su territorio; además, el sistema internacional actual funciona de manera que los estados, en uso de su soberanía, deciden o no acogerse a las normas y/o conceptos internacionales que regulan la movilidad humana. Varios estados del Golfo Pérsico, por ejemplo, no son parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, por lo que no se alinean a la definición sobre refugio presentada en la misma y tampoco tienen la obligación de receptar personas en esa calidad. A pesar de encontrarse en la misma región con Siria, estos países no han recibido a ningún refugiado proveniente de dicho país donde existe una crisis humanitaria.

Por otra parte, los países miembros de la Unión Europea firmaron un tratado vinculante que obliga a sus integrantes el cumplimiento de una cuota de refugiados según su población. Durante 2017, solo Malta ha podido cumplir con la disposición (137 personas). En los últimos 20 años, la comunidad científica ha elaborado investigaciones sobre el surgimiento de partidos de extrema derecha con tinte populista que coloca como temas centrales de la gestión pública los procesos migratorios, con especial énfasis en los grupos en búsqueda de refugio. Sin embargo, a pesar de que estos partidos políticos no se encuentran en el poder actualmente, el incumplimiento del acuerdo de integración de refugiados por parte de los países europeos afirma la superposición de los intereses nacionales por encima de las crisis humanitarias y los tratados construidos a partir de sus consecuencias.

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Photo credit: John Englart (Takver) on VisualHunt.com / CC BY-SA

A partir de la concepción de Kant sobre la obligación de las naciones para salvaguardar a los suyos y a sus visitantes, la academia ha construido un debate con nuevas acepciones normativas que invitan a la adaptación de un ciudadano global (cosmopolitanismo) o al respeto de valores distintos en una comunidad internacional (comunitarismo). Por lo tanto, la necesidad de elaborar instrumentos que permitan la protección efectiva de personas en peligro es inminente. A más de la poca iniciativa individual por parte de los estados para solventar problemas de movilidad humana debido a la carencia de un poder vinculante en el panorama global, la norma internacional que regula esta materia también tiene falencias. Las dos convenciones más importantes sobre movilidad humana son la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migrantes y sus familias de 1990. Sin embargo, estas convenciones están sometidas al sistema internacional, condicionado por la soberanía de los estados.

Por lo tanto, los intereses nacionales ralentizan la creación de acuerdos comunes y aliena las acciones de los estados a nivel individual en materia de refugio. Por ejemplo, para los países de origen, los flujos migratorios pueden significar una reducción en las tasas de desempleo o, a su vez, una fuga de talento humano altamente capacitado. Para los países de destino, en cambio, son variadas debido a que pueden ocasionar inequidad salarial y altos choques culturales que suelen no ser bien vistos por los ciudadanos receptores. En esta línea, es importante establecer que la mayoría de las personas refugiadas en el mundo son acogidas por países en vías de desarrollo. Por otro lado, las economías avanzadas no confían en este proceso porque en el pasado muchas personas en esa condición se han quedado en sus territorios y no han regresado a sus países de origen. Esto ha causado que varios de estos últimos opten por medidas de cierre y control militarizado de las fronteras.

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Refugiados sirios en Líbano. Foto por: İHH İnsani Yardım on Visualhunt / CC BY-NC-ND

En este sentido, es preponderante profundizar el rol que juegan los nuevos actores dentro del sistema de gobernanza, que son afectados de primera mano por este fenómeno y son a su vez capaces de solucionar parcialmente el problema dentro de sus competencias en el marco de la descentralización. Un claro ejemplo son las 70 ciudades que se reunieron en el Vaticano en 2015 para conformar el frente de “Ciudades Solidarias” y proponer la recepción directa de individuos refugiados como parte de sus propias competencias.

Para concluir, mientras Europa continúa midiendo la “eficiencia” de los compromisos para receptar refugiados de las crisis humanitarias en el Medio Oriente y el Norte de África, más de 2500 personas han muerto en aguas mediterráneas hasta 2017. Ecuador, por su parte, en un sistema de fronteras abiertas y “líder” en procesos de movilidad, en 2016 deportó a 35 personas de ciudadanía cubana de regreso a su lugar de origen en un proceso legal y humanitario muy cuestionable. El flujo migratorio venezolano continúa su tránsito y la respuesta de Colombia y Brasil ha sido el endurecimiento de controles en la frontera. Dos regiones con crisis humanitarias en su espectro geográfico y con una incapacidad grave para dar el salto cualitativo de la seguridad a la humanidad.

Así, para cambiar el desalentador panorama de millones de personas en situación de vulnerabilidad a causa de movimientos migratorios son necesarias tres acciones por parte de la comunidad internacional: la homologación de conceptos relacionados a la movilidad humana; la creación de nuevos acuerdos internacionales que se adapten a la realidad actual y que llenen los vacíos de las convenciones vigentes; y el fortalecimiento de la participación de nuevos actores, como las ciudades, para contrarrestar el desinterés de los estados. Es importante que la sociedad civil mire de cerca las acciones que se emprenderán en los próximos años en la agenda de movilidad humana cuyo objetivo primordial debe ser evitar la muerte de miles de personas por cruzar barreras invisibles.

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